Las autopistas AP-4 entre Sevilla y Cádiz y AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante suprimen a partir de las 00.00 horas de este miércoles, 1 de enero, el cobro de peaje a sus usarios. Los conductores que diariamente circulan por estas vías, que con una media de entre 20.124 y 24.477 usuarios diarios figuran entre las más transitadas del país, dejarán de pagar tasa alguna desde la medianoche del martes. Desde Tarragona hasta Alicante y de Sevilla a Cádiz.
Un total de 468 kilómetros de las autopistas de peaje AP-7 (374 kilómetros) y AP-4 (94 kilómetros) serán liberados a partir del 1 de enero de 2020. Los conductores de turismos dejarán de pagar 45,90 euros (62,80 para camiones) por realizar el trayecto por la franja mediterránea y 7,45 euros (12,89 para camiones) por el eje del Guadalquivir.
La entrada en vigor de la medida cumple así una reivindicación histórica tanto de los políticos como de la ciudadanía de las comunidades valenciana, catalana y andaluza. Tras varias prórrogas en la concesión a Autopistas del Mediterráneo (Aumar) y Autopistas del Sur, luego integradas en Abertis, el Ministerio de Fomento ha decidido ahora levantar las barreras de unas infraestructuras clave que han sido foco de polémicas por el coste de sus peajes y por el agravio comparativo con respecto a otros territorios de España, unidos por autovías públicas y gratuitas.
Recorrer por carretera, sin pisar la N-340 (convertida ahora en autovía en diversos tramos), la distancia aproximada de 350 kilómetros que une dos de las ciudades más importantes del Estado, Barcelona y Valencia, siempre ha resultado tan gravoso para el conductor como lucrativo para la concesionaria. A partir de 2021, cuando está prevista la liberación del resto de la AP-7 —hasta la frontera, de Tarragona a La Jonquera pasando por Barcelona—, todo ese trayecto correrá a cargo de los presupuestos del Estado.
La apertura de la AP-7, con una densidad media de tráfico diario de unos 23.500 vehículos, generará un ahorro a los usuarios de 230 millones anuales en la Comunidad Valenciana y de 70 millones en Cataluña. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha explicado que estas cifras “son el equivalente a si rebajáramos un 5,3% el IVA que se recauda en la Comunidad Valenciana”. El presidente valenciano, Ximo Puig, también socialista, celebra la “gran noticia, muy especialmente” para las comarcas centrales (donde se ubican polos turísticos como Dénia, Xàbia, Altea o Benidorm). Diversas plataformas de usuarios, valencianas y catalanas, han logrado su objetivo de la gratuidad después de estar reclamándola a lo largo de los años con múltiples medidas de presión, como cortes de carretera o pagos en calderilla.
El escritor Santiago Posteguillo vive en Valencia y da clases en la Universitat Jaume I de Castellón. Elige la AP-7 a veces por motivos de seguridad cuando ve muy congestionada la autovía (CV-10). Se muestra partidario de la liberalización de la autopista, pero sobre todo le preocupa el deterioro del tren. “Llevo 27 años yendo a la Universidad de Castellón y ahora se tarda más que antes. Es increíble. ¡Tanto hablar del cambio climático, que tengamos que recurrir al vehículo privado…!”.
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El de los transportistas será otro de los colectivos profesionales más beneficiados por la medida. Su ahorro será de entre 2.000 y 2.500 euros por vehículo y mes, y de entre un 4% y un 5% de los costes totales, según el secretario general de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte, Carlos García. De esta manera, los profesionales que cubren rutas de proximidad podrán hacer uso de esta vía, algo que evitaban hasta ahora para ahorrarse los costes del peaje. También los migrantes que viajan en verano desde diversos países europeos a Marruecos y Argelia, fundamentalmente, se ahorrarán un pellizco.
La única conexión de pago de una capital de provincia andaluza (Cádiz) con su centro administrativo (Sevilla) es utilizada por unos 24.477 conductores al día. La liberalización “supone eliminar un agravio histórico hacia una tierra que ha sufrido durante medio siglo una importante hipoteca para su desarrollo socioeconómico”, sentencia Irene García, presidenta de la Diputación de Cádiz. Fomento estima que la gratuidad supondrá “un ahorro anual de 80 millones de euros” para los 10 millones de usuarios que la transitan al año.
La apertura de las autopistas provocará el despidos de 140 trabajadores.
No todas las opiniones, sin embargo, son complacientes. Los principales afectados son los 140 trabajadores de los peajes despedidos con un ERE en ambas autopistas. Otros 140 de mantenimiento deberán ser subrrogados a las empresas adjudicatarias.
Ya hace años que se automatizó todo el proceso. Solo ocasionalmente los trabajadores ocupan las cabinas”, explica este representante de UGT en la empresa. Gollart cree que la siniestralidad aumentará en la AP-7 sin peajes y remarca que “gratuita tampoco será: la pagaremos todos con los presupuestos, la utilicemos o no”. Es algo, dice, que ya ha sucedido en la AP-1 Burgos-Armiñón tras su liberalización.
En 1972 se inauguró la Autopista del Sur. La empresa dice que se gastaba ocho millones de euros al año de en mantenimiento. Fomento calculó que le costará 5,4 millones públicos en este capítulo. Aumar, por su parte, asegura que el mantenimiento anual se eleva hasta los 31 millones en la AP-7. En los días previos a la liberalización se suceden los debates entre expertos sobre cómo financiar las autopistas y su mantenimiento. La reducción del coste de los peajes, los pagos como la euroviñeta (un adhesivo que deben comprar y pegar en el parabrisas los usuarios y que funciona como una suerte de tarifa plana para usar todas las autopistas) o las tarifas por congestión son algunas de fórmulas planteadas para el futuro.
Mientras tanto, Fomento ha encargado a FCC, Sacyr y API, a través de “contratos de emergencia”, el mantenimiento de los dos tramos de la autopista AP-7 y de la AP-4 Sevilla-Cádiz a partir del 1 de enero. El Ministerio ha recurrido a esta solución por el recurso interpuesto por Abertis contra el contrato de noviembre de licitación en virtud del cual se encomendó a Sacyr el mantenimiento del tramo de la AP-7 entre Tarragona y Valencia y a Matinsa, filial de FCC, el trazado entre Valencia y Alicante. API Movilidad asumirá, por su parte, la AP-4. Los contratos incluyen la demolición paulatina de las cabinas de peaje y su conservación en tanto entra en vigor el contrato recurrido.
