Documentos de la guerra civil española

fuentes secundarias de la guerra civil española

La Guerra Civil española se libró con ideologías opuestas y se hizo notable tanto por la pasión de las creencias como por las atrocidades cometidas por ambos bandos. Hubo un gran número de combatientes extranjeros en ambos bandos.

La guerra estalló el 17 de julio de 1936 tras un golpe de estado de un grupo de generales de las Fuerzas Armadas Republicanas Españolas contra el gobierno elegido. El golpe fue apoyado por varios grupos conservadores.

A pesar de que las potencias europeas firmaron un Acuerdo de No Intervención en 1936, los gobiernos de Alemania, Italia y, en menor medida, Portugal, aportaron dinero, mano de obra, municiones y apoyo a las fuerzas nacionalistas dirigidas por el general Francisco Franco.

El Reino Unido se declaró neutral. El gobierno y la clase dirigente eran fuertemente anticomunistas y creían que una victoria de los nacionalistas de Franco era lo mejor para el país, opinión que compartía el embajador británico en España, Sir Henry Chiltern, que trabajó para apoyar a los nacionalistas. Se convirtió en un delito ser voluntario para luchar en España, pero 4000 fueron de todos modos.

por qué empezó la guerra civil española

Como es bien sabido, el general Francisco Franco, junto con otros generales, y con el apoyo militar de la Alemania nazi y la Italia fascista, encabezó un golpe de Estado en 1936 que interrumpió el gobierno democráticamente elegido de la Segunda República (1931-1936). Como el golpe de Estado se enfrentó a la dura oposición de muchos leales a la República, dio lugar a una guerra civil que duró de 1936 a 1939. Tras la victoria de los generales sublevados, Franco tomó el poder inaugurando así la dictadura más larga de la historia de Europa (1939-1975).

Desde el año 2000, un número creciente de organizaciones de derechos humanos han intentado revertir este proceso de amnesia e impunidad mediante la exhumación de fosas comunes y otras iniciativas. El Proyecto Memoria de la Guerra Civil Española pretende aunar esfuerzos con estas organizaciones para crear un registro audiovisual con los testimonios de quienes sufrieron y resistieron la violencia sistemática implementada por el régimen franquista. Como tal, aspira a constituirse tanto en un archivo de la represión como en un archivo de las múltiples culturas políticas (comunismo, anarquismo, socialismo, republicanismo, etc.) que se opusieron a la política fascista del franquismo. En consecuencia, los objetivos del archivo son los siguientes:

caricatura política de la guerra civil española

Los orígenes del Archivo de la Guerra Civil, y la decisión de albergar dichos documentos en Salamanca, se remontan a la década de 1930. El Estado franquista decretó, el 13 de septiembre de 1936, que “todos los bienes y documentos pertenecientes a los partidos y organizaciones políticas citados, así como a cualesquiera otros que se opusieran al movimiento nacional, pasarían a ser propiedad del Estado”[1] La definición de organizaciones opuestas al régimen era bastante amplia, como demuestra el hecho de que el archivo incluya material relacionado con la masonería;[2] los masones eran uno de los grupos vistos con recelo por Franco y la pertenencia a ellos conllevaba pena de cárcel[3].

Con la democratización de España, la finalidad del Archivo cambió. En 2007 el Archivo pasó a formar parte del Centro Documental de la Memoria Histórica, creado por la Ley de Memoria Histórica[4] La “memoria histórica”, en este contexto, se refiere a la superación de la Guerra Civil en España y al gobierno del Caudillo Francisco Franco. El Centro incluye material de los años 30 a los 70.

fuentes primarias españolas

Mediante la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, por la que se decreta la devolución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil Española custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y se crea un nuevo Centro Documental de la Memoria Histórica, el Gobierno español ha legislado las condiciones requisitos y plazos para la devolución de los documentos incautados por la fuerza de las armas a instituciones, partidos políticos, organizaciones y particulares y depositados en Salamanca, donde aún permanecen, a pesar de más de 30 años de democracia y tras una de las dictaduras fascistas más longevas y sangrientas de la historia moderna europea.

Hace ya dos años que se aprobó esta ley, pero estos documentos pertenecientes a personas, organizaciones, partidos políticos y sindicatos no han salido de Salamanca, a pesar de que la Generalitat, en cumplimiento de la ley, ha procedido a su identificación con la ayuda de expertos archiveros, elaborando una lista de más de 2 millones de documentos de la que se desprende que 68 asociaciones, 153 personas o empresas y más de 40 organizaciones políticas o sindicatos están afectados por la incautación.