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Las estimaciones del número total de muertos en la guerra civil siria, realizadas por grupos de activistas de la oposición, varían entre 494.438 y unos 606.000 en junio de 2021.[1] El 23 de abril de 2016, el enviado de las Naciones Unidas y la Liga Árabe a Siria publicó una estimación de 400.000 muertos en la guerra.[2] Sobre la base de la población de Siria antes de la guerra, que era de 20,8 millones de personas en 2011,[3] esto representaba aproximadamente el 2% de la población de Siria antes de la guerra. A finales de septiembre de 2021, Naciones Unidas declaró que había documentado la muerte de al menos 350.209 personas en el conflicto entre marzo de 2011 y marzo de 2021, pero advirtió que la cifra era “sin duda un recuento insuficiente”[4].
En febrero de 2017, Amnistía Internacional estimó que entre 5.000 y 13.000 personas habían sido ejecutadas en las cárceles del gobierno, y se informa de que miles de personas más han muerto debido a las torturas del gobierno sirio[5].
A finales de mayo de 2021, el grupo activista de la oposición Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH) informó de que el número de niños muertos en el conflicto había ascendido a 25.048, y que también habían muerto 15.135 mujeres[1].
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Los ejecutados fueron acusados de “cometer actos terroristas que provocaron muertes y daños a las infraestructuras del Estado y a la propiedad pública y privada mediante el uso de material inflamable”, dijo el Ministerio de Justicia en un comunicado recogido por los medios estatales el jueves.
“Confesaron haber provocado incendios en varios lugares de las tres provincias y también confesaron haber convocado reuniones para planificar los incendios” que se produjeron de forma intermitente en septiembre y octubre de 2020, según el ministerio de Justicia.
La ciudad natal del presidente Bashar al-Assad, Qardaha, en la provincia de Latakia, se vio muy afectada por los incendios, que dañaron gravemente un edificio utilizado como almacén de la compañía estatal de tabaco, parte del cual se derrumbó.
“Lo que sabemos de los tribunales antiterroristas por los casos que hemos visto en el pasado es que no se ofrece el debido proceso a nadie que sea acusado de un acto de terrorismo: no hay derecho a una defensa ni a un abogado”, dijo Kayyali.
En su último informe sobre la pena de muerte, publicado este año, Amnistía dijo que había podido corroborar información que indicaba que se habían llevado a cabo ejecuciones en Siria en 2020, pero afirmó que no disponía de información suficiente para dar una cifra mínima fiable.
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La ronda de esta semana de las conversaciones del Comité Constitucional Sirio, la primera desde el pasado mes de enero, debía suponer un gran avance después de que las delegaciones acordaran comenzar a redactar los principios constitucionales.
Pudieron acordar la asignación de disposiciones constitucionales a los distintos partidos, pero no pudieron llegar a un consenso sobre ninguna de ellas durante los debates del viernes. Las conversaciones fueron “serias, francas y abiertas”, dijo el funcionario de la ONU.
Las delegaciones acordaron encargar al gobierno sirio la gestión de las disposiciones relacionadas con “la soberanía, la independencia y la integridad territorial de la República Árabe Siria” y “el terrorismo y el extremismo”.
La delegación de la oposición asumió la responsabilidad de redactar el texto constitucional relacionado con “el ejército, las fuerzas armadas, la seguridad y la inteligencia”, mientras que la delegación de la sociedad civil redactaría el texto sobre “el estado de derecho”.
“Llegamos a la conclusión de que no estábamos avanzando lo suficiente y que no podíamos seguir trabajando como hasta ahora”, declaró Pedersen el domingo antes de que se reanudaran las conversaciones por primera vez desde enero.
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Un hombre se sienta con sus hijos junto a los restos de una antigua iglesia en el pueblo de Babisqa, Siria, que forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO de las Ciudades Muertas, el 7 de noviembre de 2020. Su casa fue destruida por los bombardeos del gobierno sirio.
En 2020, la población civil de Siria se enfrentó un año más a graves problemas y abusos, sobre todo a manos del gobierno sirio y de otras autoridades, a pesar de que el conflicto violento disminuyó de forma perceptible.
Con la depreciación sin precedentes de la moneda nacional, la imposición de nuevas sanciones internacionales y las crisis en los países vecinos, la economía siria estuvo en caída libre durante gran parte de 2020. Para los sirios de a pie, esto se tradujo en la imposibilidad de adquirir alimentos, medicamentos esenciales y otras necesidades básicas. Como resultado, más de 9,3 millones de sirios han pasado a padecer inseguridad alimentaria y más del 80% de los sirios viven por debajo del umbral de la pobreza.
Mientras tanto, los abusos contra los derechos humanos en el territorio controlado por el gobierno no cesaron. Las autoridades reprimieron brutalmente cualquier signo de disidencia que volviera a surgir, incluso mediante detenciones arbitrarias y torturas. Las autoridades también siguieron confiscando ilegalmente propiedades y restringiendo el acceso a las zonas de origen de los sirios que regresaban.
