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(Yakarta) – El daño que una plantación de aceite de palma en Kalimantan occidental, Indonesia, está causando a las comunidades circundantes y al medio ambiente demuestra la incapacidad del gobierno para hacer cumplir sus propias políticas y leyes, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. No ha habido ninguna mejora en la protección gubernamental de los residentes y de la tierra, y de hecho las nuevas leyes podrían facilitar los abusos.

El informe de 71 páginas, “‘¿Por qué nuestra tierra? La expansión de la palma aceitera en Indonesia pone en riesgo las turberas y los medios de vida”, examina la conducta de PT Sintang Raya, filial de la corporación surcoreana Deasang, en tres aldeas mareales de la provincia de Kalimantan Occidental. Human Rights Watch descubrió que la empresa ha establecido y ampliado sus plantaciones en las turberas, que ayudan a hacer frente al cambio climático, sin consultar realmente a los residentes locales y sin compensar adecuadamente la pérdida de sus tierras de cultivo o de sus medios de vida. La policía ha acosado, intimidado y perseguido a los aldeanos que se han resistido o han protestado.

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El gobierno de Indonesia respondió a la pérdida de bosques y turberas del país y a la crisis de incendios y bruma de 2015 con una prohibición de tala de bosques, una moratoria en la concesión de licencias para nuevas plantaciones de palma aceitera y una regulación más estricta de las turberas. Este informe analiza las lagunas de la moratoria en medio de una legislación medioambiental más laxa y el reciente aumento de los precios del aceite de palma, y las formas en que el gobierno puede crear políticas más eficaces para reducir la deforestación.

En 2020, CRR detectó que la deforestación dentro de las concesiones de palma aceitera en Indonesia, Malasia y Papúa Nueva Guinea fue la más baja de los últimos tres años. La deforestación detectada ascendió a 38.000 ha en 2020, un 42% menos que las 90.000 ha de 2019. La reducción de la deforestación para el cultivo de la palma aceitera ya fue visible en el primer semestre de 2020. Las continuas restricciones a causa de la pandemia, en Indonesia y en los principales mercados de exportación, pueden explicar la continua lentitud de la deforestación en el tercer y cuarto trimestre del año pasado. Sin embargo, la demanda interna y el repunte de los precios del aceite de palma pueden dar lugar a un aumento del desarrollo de la tierra en 2021.

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La producción de aceite de palma es importante para la economía de Indonesia, ya que el país es el mayor productor y consumidor del mundo de este producto, proporcionando aproximadamente la mitad del suministro mundial[1] En 2016, Indonesia produjo más de 34.600 millones de toneladas de aceite de palma, y exportó casi el 73% del mismo. Las plantaciones de palma aceitera se extienden por 12 millones de hectáreas, y se prevé que lleguen a 13 millones en 2020. Hay varios tipos de plantaciones, entre ellas las pequeñas, de propiedad privada, y las más grandes, de propiedad estatal[2] Hay una variedad de impactos en la salud, el medio ambiente y la sociedad que resultan de la producción de aceite de palma en Indonesia. Una reciente publicación de la ONG Rainforest Action Network (RAN) indica que el uso de aceite de palma por parte de algunos de los mayores productores de chocolate y aperitivos está aumentando este problema[3].

Además de atender a los mercados tradicionales, Indonesia quiere dedicar más esfuerzos a la producción de biodiésel. China e India son los principales importadores de aceite de palma, y representan más de un tercio de las importaciones mundiales de aceite de palma. Si observamos el desglose de las emisiones de gases de efecto invernadero de Indonesia, la mitigación del cambio climático procederá principalmente del control de los incendios forestales y de la conservación de las turberas. REDD+ (Reducción de las Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los Bosques en los Países en Desarrollo) será “un componente importante del objetivo de la NDC desde [el] sector del uso de la tierra”[4], lo que implica que tendrá que haber grandes incentivos económicos y aportaciones de recursos externos para garantizar la prevención del cambio de uso de la tierra.