Como solicitar la renta minima vital

Ventajas e inconvenientes de la renta mínima garantizada

El acceso a la ayuda dependerá del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que la solicite. Además de los ingresos, se comprobará el patrimonio del solicitante, restando sus deudas, y sin tener en cuenta la vivienda habitual. El límite patrimonial aumenta en función del número de personas que componen la unidad de convivencia. Es de 16.614 euros para una persona que viva sola y aumentará por cada miembro adicional hasta un máximo de 43.196 euros.

En el BOE del 1 de junio se ha publicado el Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, a través de una prestación no contributiva de la Seguridad Social, y con efectos desde el 1 de junio de 2020.

El objeto de la norma es crear y regular el Ingreso Mínimo Vital (IMV) como preducción dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.

El Ingreso Mínimo Vital se define como el derecho subjetivo a una prestación de carácter económico que garantice un nivel mínimo de ingresos a las personas en situación de vulnerabilidad económica en los términos definidos en este RDL 20/2020. Este instrumento pretende garantizar una mejora de las oportunidades reales de inclusión social y laboral de los beneficiarios.

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El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es el primer sistema de rentas mínimas de ámbito nacional que se aplica en España. Aunque algunas de sus comunidades autónomas contaban con planes de rentas mínimas, no existía una política de ámbito estatal al respecto. Aunque su aprobación se ha acelerado para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas del bloqueo derivado de la pandemia de coronavirus, el IMV ya había sido aprobado en el acuerdo de gobierno de coalición entre la parte socialista española, PSOE, y Podemos.

En esencia, el IMV es una prestación económica no contributiva -lo que significa que no está vinculada a la trayectoria laboral previa- dirigida a los hogares que, en función de su composición, estén por debajo de un determinado umbral de renta. Aunque las cantidades se detallan más adelante, este ingreso mínimo está por debajo del umbral de pobreza, debería llegar a 850.000 hogares y a un total de 2,3 millones de personas. La Seguridad Social española ha calculado que la mayoría de estos hogares (unos 550.000) viven en situación de pobreza extrema, es decir, con menos de 230 euros al mes. El IMV debería aliviar la situación de alrededor del 80% de esos hogares con pobreza extrema. En este sentido, está claro que si bien puede ser un paso adelante en la creación de un régimen de rentas mínimas para el conjunto del Estado español, es una renta mínima para personas muy pobres.

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En junio de 2020, el Congreso de los Diputados aprobó, sin votos en contra, la Renta Mínima de Subsistencia (RMS), una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social con dos objetivos: reducir la pobreza extrema en España y ayudar a la integración laboral de las personas en riesgo de exclusión. Otros países europeos disponen desde hace tiempo de instrumentos similares, mientras que en España las comunidades autónomas son las responsables de la materia. Está previsto que llegue a 850.000 hogares, lo que supone unos 2,3 millones de personas.

Tal y como está diseñado, el ICM absorbe la antigua prestación por hijo a cargo (la pobreza infantil es muy elevada en nuestro país), fija una cuantía mínima que es igual en toda España pero que depende de las circunstancias familiares de los perceptores, y sobre ella se desplegarán las ayudas de las comunidades autónomas. También establece una especie de complemento salarial, con el fin de ayudar a sus beneficiarios a incorporarse al mercado laboral. Se trata, por tanto, de una prestación continuada, no vinculada a la situación excepcional provocada por la pandemia, y como tal, diferente de los pagos puntuales propuestos por algunos como medida rápida de sustitución de ingresos ante los cierres, como se han aprobado en otros países.

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